El Instituto Galego da Vivenda e Solo desestimó las alegaciones presentadas por Construcuatro y confirmó que la promotora deberá pagar una sanción de 2,47 millones de euros por imponer sobreprecios a 62 compradores de viviendas protegidas de protección autonómica en el PAU de Navia. Considera que la empresa incurrió en 62 infracciones graves. Además, la firma deberá devolver a los afectados 1,23 millones de euros y queda inhabilitada para llevar promoción pública durante seis años. Solidariamente, responden los administradores Eugenio Sobral y José Manuel Torres. Así lo reveló ayer el abogado de los demandantes, Antonio Salceda.
La promotora, con sede en Pontevedra y de la que era socio Telmo Martín, tiene un mes para recurrir y presentar un recurso de alzada ante el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. Deberá resolver en tres meses y todo apunta a que hará firme la resolución por vía administrativa. Es probable que Construcuatro recurra en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo y quede resuelto en tres o cuatro años. Los afectados tardarán una década en recuperar el dinero que adelantaron por unas mejoras que nunca existieron, entre 10.000 y 30.000 euros.
La promotora había alegado ante la Xunta, tras recibir la propuesta de sanción, que sentía indefensión por supuestas irregularidades en la ampliación de los plazos de resolución, que no aparecían recogidas en la normativa las cantidades en concepto de mejoras y no procedía la responsabilidad de los administradores.
La Xunta desestimó todas las alegaciones y consideró probado que hubo un contrato de reserva por el que cada afectado entregó 1.000 euros, luego una firma de la compraventa con el adelanto del 20% del precio (entorno a 24.000 euros) y entre 10.000 y 30.000 euros de sobreprecio que figura registrado en los libros de cuentas de la promotora. Si no hubiesen contabilizado esos ingresos que presentaron en una declaración complementaria en Hacienda, habrían incurrido presumiblemente en un delito fiscal.
La resolución fue dictada el 26 de enero del 2011. Se basa en el Real Decreto 801/2005 de Regulación de la Promoción Estatal del 2008, de las viviendas protegidas y, concretamente, del artículo 19 de precios concertados. Estos hechos fueron denunciados en el 2006, después de que varios afectados alertasen al juez y grabasen las conversaciones donde los administradores, supuestamente, les pedían dinero a mayores. La venta era efectuada por Torres y Sobral intervenía como intermediario.
El artículo 16 hace referencia a la protección autonómica de nueva construcción y de uso habitual, en el que se fija un precio máximo. «Por ello, cabe aplicarle esa sanción porque son las que promovió Construcuatro», afirma Salceda. Este cree que el informe pericial de Hacienda tiene bastante peso porque confirma que hubo pago en 62 viviendas. Eso justificaría la sanción e indemnización total de 3,705 millones. Las pruebas cayeron por goteo. Una de ellas fue la retirada de dinero de los compradores en su banco y que coinciden con los ingresos de Construcuatro. El bipartito propuso dictar una sanción pero prefirieron amarrarlo porque «esto no es humo, hay un informe pericial».
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